El juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria al oficial de la Policía Federal Argentina, Cristian Rivaldi, acusado de arrojar gas lacrimógeno a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación de jubilados el 11 de septiembre de 2024 en el Congreso.
La fiscalía sostiene que Rivaldi utilizó de forma “desmedida e injustificada” un disuasivo químico contra Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, quienes estaban sentadas en la vía pública sin representar amenaza alguna. Como consecuencia, la menor sufrió conjuntivitis química, causando dolor y malestar durante varios días.
BULLRICH MINTIÓ
— mauro (@MauroFdz) September 12, 2024
Difundió un vídeo falso para culpar a "los kukas" y se ve claro cómo un policía le tira gas lacrimógeno directo a la cara a una nena sabiendo lo que hacía.
Discutan todo lo que quieran pero estaban en el piso con su madre sin hacer nada. Fue por pura crueldad. https://t.co/707kWPNsJ5 pic.twitter.com/PUurEqeS0I
Lejos de condenar el accionar policial, el presidente Javier Milei difundió información falsa en redes sociales, sugiriendo que fueron los propios manifestantes quienes atacaron a la niña. Esta versión fue desmentida por evidencia en video que muestra claramente la agresión por parte de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inicialmente negó la responsabilidad policial y culpó a la madre de la niña por llevarla a la manifestación. Tras la difusión de las imágenes que contradecían su versión, optó por el silencio, evitando asumir responsabilidad por el accionar de las fuerzas bajo su mando.
Este episodio se suma a una serie de acciones represivas y discursos oficiales que evidencian una preocupante falta de respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales en el actual gobierno.
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