La jugada del oficialismo para boicotear la sesión fracasó cuando varios legisladores que responden a gobernadores como Martín Llaryora y Raúl Jalil rompieron filas y facilitaron el quórum. La oposición, encabezada por Unión por la Patria, sumó a los bloques dialoguistas de Pichetto, Carrió y algunos radicales para avanzar con la medida.

Además de la comisión, se aprobó la interpelación de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del titular de la CNV, Roberto Silva. El pedido inicial incluía también a Karina Milei, pero fue retirado por acuerdos entre bloques.

A pesar del intento del presidente de la Cámara, Martín Menem, de postergar las explicaciones para cuando Francos brinde su informe el 16 de abril, la oposición reclamó que el jefe de Gabinete se presente antes para dar respuestas urgentes.

La polémica no solo se limita a la participación directa del Presidente en la promoción del token, sino también al impacto institucional: la posible responsabilidad patrimonial del Estado si la Justicia de Estados Unidos avanza sobre el caso, como advirtieron diputados como Pichetto y Ferraro.

Mientras tanto, el bloque libertario minimizó el asunto como “tema de privados” y se escudó en la independencia del Poder Judicial para evitar la investigación parlamentaria. Pero incluso entre aliados, las fisuras quedaron expuestas: la UCR, aunque no apoyó la comisión, dejó abierta la posibilidad de avanzar si no hay respuestas del Ejecutivo antes del 9 de abril.

El Congreso, con este movimiento, le marca un límite al relato de Milei sobre la “casta”. Esta vez, los que terminaron defendiendo lo indefendible fueron sus propios funcionarios, mientras crecen las dudas sobre qué tan involucrado estuvo el propio Presidente en una operación que, más allá de las explicaciones, huele a estafa de manual.