Desde su cargo anterior, en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, Ibarzábal ya tenía bajo su control la redacción de las principales normas del gobierno.

Este puesto fue creado apenas una semana antes de su llegada, y le permitió diseñar iniciativas como la Ley Bases, la reforma estructural de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Ley de Boleta Única de Papel y la suspensión de las PASO. Ahora, con su desembarco en Legal y Técnica, formaliza un rol que ya venía desempeñando desde las sombras.

Su experiencia previa en el mundo privado también es un dato clave: trabajó en el estudio Marval, el más grande de la Argentina en derecho corporativo, señalado como uno de los redactores del mega DNU 70/23, que benefició a la mayoría de sus clientes.

Además, hasta comienzos de 2024, estaba a punto de convertirse en la primera socia mujer del estudio Cassagne, el mayor bufete especializado en cuestiones administrativas del país y uno de los grandes impulsores de las privatizaciones menemistas.

En el ámbito público, Ibarzábal fue funcionaria macrista en la Procuración del Tesoro Nacional y en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Durante el debate de la Ley Bases en el Senado, fue la única mujer enviada por el Gobierno para exponer y defendió la necesidad de reducir el tamaño del Estado, una política que ha generado fuertes críticas por sus consecuencias en empleo y servicios públicos.

El desembarco de Ibarzábal Murphy no solo refuerza la influencia de Caputo en el Gobierno, sino que también reduce los controles sobre la elaboración de normas. La Secretaría Legal y Técnica responde directamente a la presidencia, sin pasar por la Jefatura de Gabinete, permitiendo que un círculo reducido de personas decida el futuro legal del país sin mayores debates ni fiscalización.