La decisión se tomó luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud realizara auditorías integrales de la entidad en las que detectaron “graves incumplimientos y serias irregularidades”.

El texto difundido por el Gobierno asegura que el organismo relevó que dicha obra social afronta “una situación institucional y de cobertura prestacional inestable, impactando en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en asegurar una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios. Esto impide el normal funcionamiento de la entidad”.

Las intervenciones de este tipo han sido y siguen siendo continuas desde que La Libertad Avanza llegó al poder. En el primero año de gestión, el Gobierno llevó a cabo seis intervenciones de esta índole: la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Vareadores (OSV), La Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF). En tanto que este año, fue intervenida la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT).

“La medida se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Gobierno nacional y liderado por el Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo es que los Agentes del Seguro compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad”, dice la norma en sus fundamentos, siempre justificando estas acciones arbitrarias bajo la excusa de una “libertad” que solo usan como slogan.