El gobierno de María Estela Martínez de Perón enfrentaba una crisis política, marcada por el accionar de la subversión, que no dejaba de cometer atentados en democracia, y el combate ilegal, a manos de la Triple A y legal, a manos de las Fuerzas Armadas. La crisis económica, aprovechada por sectores que buscaban imponer un modelo liberal, era otro drama más. Los golpistas, respaldados por intereses económicos y financieros, confiaron la conducción económica al director de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, cuyo plan neoliberal destruyó el aparato productivo nacional y multiplicó la deuda externa.

En ese sentido, es fundamental destacar que el tercer gobierno justicialista asumió el 25 de mayo de 1973 con una deuda externa heredada de la Revolución Argentina de 5.189 millones de dólares. El 24 de marzo de 1976 la deuda seguía en esa cifra. En 1983 la deuda estaba en 45.000 millones de dólares. El país quedó hipotecado como resultado de un plan siniestro de los militares: endeudar al país a través de las empresas públicas, entre las que se destaca el caso paradigmático de YPF, tal como quedó demostrado en la causa judicial que se abrió a partir de la denuncia realizada por el patriota Alejandro Olmos.

Las políticas implementadas por los liberales favorecieron a los empresarios importadores mientras las empresas dedicadas a la producción industrial sufrían las consecuencias de una economía desregulada. Numerosas pymes debieron cerrar al encontrarse absolutamente desprotegidas frente a los productos importados, responsables del crecimiento de la desocupación y la miseria, en nombre de la libre competencia.

Otro objetivo de los golpistas eran derechos laborales, conquistados durante décadas de lucha obrera. Algunas cosas que se animaron a hacer los golpistas fueron una liberación de precios acompañada por un congelamiento de salarios, eliminación de paritarias, posibilitar el despido de embarazadas, facultar a los empleadores para exigir renuncias firmadas en blanco por los trabajadores y sin fecha, y posibilitar el despido de empleados públicos sin motivo y sin indemnización.

La época de Martínez de Hoz fueron los tiempos de la “plata dulce”. La dictadura liberó las tasas de interés y permitió el ingreso de inversores especulativos en dólares que ingresaban capitales en dólares, los pasaban a pesos y los colocaban a plazo para ganar intereses. Una vez obtenida la ganancia volvían a pasarlos al dólar y se retiraban de la plaza financiera. Esta política provocó la quiebra de bancos de capitales nacionales. Otra consecuencia fue que la inflación se disparó, y el poder adquisitivo de los argentinos se desplomó.

El Proceso tuvo cuatro presidentes de facto: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, y cinco ministros de Economía. Ninguno fue capaz de corregir el desastre económico. A esto se sumó la tragedia: la represión ilegal a la guerrilla que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos. Sobre el final la dictadura emitió un documento que declaraba muertos a los desaparecidos y sancionó una ley de amnistía para los militares que mataron. En 1985 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) acusó a los militares por 8.961 casos de desaparición forzada.

La gran tragedia que significa el Proceso de Reorganización Nacional en la historia argentina estaría incompleta si no se menciona el intento de recuperar las Islas Malvinas en 1982. Lo que los militares presentaron a la sociedad como un acto patriótico, fue la maniobra desesperada de un régimen autoritario que empezaba a caerse y culminó en una derrota que le costó la vida a 648 argentinos.

Pero todo lo malo deja algo bueno. La derrota de Malvinas puso al régimen al borde del nocaut. A partir del 14 de junio de 1982, la sociedad le perdió el miedo al régimen que llevó al país al abismo. El tránsito de la guerra perdida hasta las elecciones fue en el marco de una gran apertura, con manifestaciones en contra del régimen, el regreso de los exiliados por razones políticas y la liberación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

La pesadilla terminó el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, ganador de las elecciones celebradas cuarenta días antes.