El documento indica que el FMI exigirá una mayor devaluación y la reducción de la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. También anticipa la eliminación progresiva de restricciones cambiarias que hoy limitan el acceso al dólar, lo que podría generar una brusca volatilidad en el valor de la moneda y un impacto directo en los precios internos. El riesgo de un descontrol inflacionario aumenta, ya que la liberación del mercado cambiario podría traducirse en un shock devaluatorio difícil de contener.

Además, el BOFA sostiene que el Banco Central comenzará a relajar los controles de capital, aunque la eliminación total de las restricciones solo se concretaría después de las elecciones legislativas de octubre. Esto sugiere que el Gobierno busca evitar un impacto negativo inmediato en la economía que podría debilitar su apoyo político antes de los comicios. Sin embargo, la falta de precisiones oficiales genera incertidumbre sobre el impacto real que estas medidas tendrán en el poder adquisitivo de los argentinos y en el sistema financiero en general.

El informe también destaca que el FMI buscará eliminar el dólar blend para exportadores, lo que podría afectar la competitividad de sectores productivos clave. Asimismo, se mencionan cambios en el acceso al dólar oficial para empresas, como la reducción del plazo de espera para comprar divisas tras operar en el mercado paralelo y el aumento del límite de compra diaria en el mercado financiero. Estas modificaciones favorecen a los grandes actores del mercado, pero dejan en una situación de vulnerabilidad a las pequeñas y medianas empresas que dependen de reglas más estables para su desarrollo.

Pese a estas proyecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó cualquier tipo de acuerdo con el FMI. En su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo es correcto”, intentando desmentir las especulaciones del BOFA. Sin embargo, las negociaciones continúan y los informes financieros sugieren que las condiciones que el FMI exige podrían generar un fuerte impacto en la economía y en la estabilidad social del país.

Con la posibilidad de un acuerdo de facilidades extendidas y desembolsos de hasta 20.000 millones de dólares, el Gobierno de Milei busca garantizar el pago de la deuda hasta 2028. No obstante, las condiciones impuestas por el FMI podrían agravar la crisis económica y profundizar la recesión que afecta a amplios sectores de la sociedad. Si el ajuste exigido se traduce en una mayor contracción del consumo y la producción, Argentina podría enfrentar un escenario de mayor conflictividad social y una caída aún más pronunciada en los niveles de actividad económica.