Lejos de aquella cifra, la administración porteña diariamente continúa percibiendo 500 millones de pesos, es decir, el monto correspondiente al antiguo porcentaje que la Corte ordenó que se modifique. La cifra actualizada con el porcentaje del 2,95 por ciento dispuesto por la Corte acumula 35.000 millones de pesos que la Nación no remitió a las arcas porteñas.

La denuncia contra Alberto Fernández y parte de su gabinete indica que la "desobediencia cometida por el Poder Ejecutivo" a un fallo del máximo tribunal "afecta diferentes bienes jurídicos penalmente protegidos", invocando al amparo que le daba la razón a Horacio Rodríguez Larreta con su reclamo.

La causa está delegada en la fiscalía a cargo de Ramiro González, quien en primera instancia solicitó a la Corte que envíe el fallo que se firmó por unanimidad haciendo lugar a la medida cautelar que interpuso la Ciudad.

Un segundo pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal fue dirigido a Silvia Batakis, directora del Banco Nación. Se pidió una explicación respecto a cómo se realizan los giros diarios de fondos coparticipables a las provincias.

Hay que recordar que los ministros de la Corte ordenaron a la entidad financiera que habilite los medios requeridos para comenzar a depositar el nuevo porcentaje a la administración de Rodríguez Larreta.

El gobierno de la Ciudad analiza pedir el embargo de la cuenta del Banco Nación para cubrir el dinero adeudado a la fecha.

Batakis aún no envió ese informe a la justicia federal. Según confirmaron fuentes judiciales, el Banco Nación se comunicó con la fiscalía hace una semana y se comprometió a responder en el transcurso de estos días, una semana además que es corta por el feriado largo.

El Banco Nación es una pieza clave en la estructura financiera que, entiende el gobierno de la Ciudad, debía acatar el fallo de la Corte.

La denuncia penal incluye al Directorio del Banco de la Nación Argentina y "demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria, en su carácter de agente de transferencia y pago de los fondos de la Coparticipación, y/o quienes en definitiva resulten responsables de los hechos que se expondrán", indica el texto judicial.

Los delitos penales atribuidos en la denuncia refieren a la desobediencia y en segundo término, a todo acto como funcionario público a través del cual se dictan resoluciones contrarias a "las constituciones o leyes".

Justamente porque el Banco Nación no giró los fondos exigidos, el gobierno de Larreta también le atribuyó responsabilidad a Sergio Massa, al entender que el Ministerio de Economía de la Nación recibió la notificación de la Corte Suprema, "medida que debió efectivizarse a partir del 22-12-2022".

En este sentido se detalló que el Banco de capital totalmente estatal, "está dentro de la órbita del Ministerio de Economía de Argentina, por lo cual sus decisiones están supervisadas por este Ministerio".