Luego de la euforia ficticia construida por el Gobierno nacional tras perder las elecciones legislativas, bajo la lamentable excusa de que “el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencidos”, los espejitos de colores se corrieron de la escena mediática y nuevamente comenzaron a tomar cuerpo los problemas concretos que aquejan a la Argentina.
La creciente devaluación del peso argentino como consecuencia de la constante escalada del dólar, con un impacto feroz sobre los precios, vislumbran un panorama muy distinto al que la administración de Alberto Fernández pretende mostrar desde hace meses, cuando aseguraban que habría un “desaceleramiento” progresivo de la inflación, que supera el 50 por ciento anual. En contraste, los números que los especialistas proyectan para el próximo año son alarmantes, y en ese contexto, no habrá bolsillo que aguante.
A esto se suma el principal dolor de cabeza del Gobierno: la deuda con el FMI, cuya negociación prometió resolver antes de que finalice el año. La trama más compleja, por supuesto, está dada por las exigencias del organismo, que entre otros puntos plantea un ajuste tarifario que elimine subsidios a los consumidores y una baja del déficit fiscal que, en las condiciones actuales, sería muy difícil de cumplir.
El primer manotazo de ahogado del Ejecutivo fue la creación de un Programa Económico Plurianual que enviará al Congreso los primeros días de diciembre, en búsqueda de cierta flexibilidad en este camino hacia la negociación, una especie de hoja de ruta sobre cómo llegar a un acuerdo de refinanciación de la deuda, aunque no tienen en cuenta las trabas técnicas que implica.
En ese plan se estima, por ejemplo, que la Argentina va a crecer un 4 por ciento; sin embargo, el FMI argumenta que no hay reservas en dólares suficientes para crecer más del 2,5 por ciento, por lo cual no habrá moneda para financiar las importaciones. Y menor crecimiento, en este caso, es sinónimo de ajuste, ya que los números de la recaudación que le dibuja el Gobierno en este contexto son totalmente mentirosos.
El ajuste previsto por el FMI sería de 2.700 millones de dólares, el equivalente a casi un punto del PBI, y ahí es donde entra la discusión tarifaria, ya que en subsidios, Argentina tiene un gasto de cerca de 3 puntos del PBI.
El organismo le está dando al país un plazo de 3 años para bajar el déficit fiscal a cero, pero le pide arrancar el 2022 con un déficit del 2,5 por ciento, mientras que Argentina proyecta un 3,5 por ciento. Es decir, como las cuentas no cierran por ningún lado, el Gobierno deberá aplicar un ajuste tarifario que volverá a impactar fuertemente en la economía de todas las familias argentinas.
Por otro lado, al exigir el fortalecimiento de la acumulación de reservas, el Fondo obliga al Gobierno a dejar de intervenir en el mercado cambiario, y eso implica un riesgo de un mayor salto devaluatorio.
Ahora, el apuro del Presidente es debatir esa hoja de ruta antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el oficialismo deje de tener quórum propio en el Senado, un hecho inevitable tras los números de los últimos comicios, uno de los tragos más difíciles de digerir para Cristina Kirchner.
Por lo pronto, lo único que se ha visto hasta el momento es la incapacidad de dirigir los números de un mercado dominado por los formadores de precios a su antojo. Prueba de ello son las remarcaciones permanentes en las góndolas, que les muestran a los consumidores que programas como Precios Cuidados y los congelamientos temporarios son puro humo, porque no hay cumplimiento, ni fiscalización ni castigo a aquellos que buscan resguardar sus propios intereses a costa de la mayoría de la población. La disparada del precio de la carne durante el mes de noviembre, que redondeó mil pesos el kilo, es otra clara muestra de que el descontrol está a la orden del día.
Por lo pronto, haya o no un acuerdo con el Fondo en las próximas semanas, los analistas económicos ya avizoran que el piso inflacionario del año que viene rondará el 51 por ciento, por lo cual el índice podría acercarse a un 60 por ciento. En este contexto, ¿realmente creen que pueden ganar una elección presidencial en 2023?