Por Fernando Díaz (*).

Hace sólo unos días la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, tomó medidas que para mi optimismo imperturbable son una señal de que vio el iceberg al que inexorablemente conducía su Titanic.

Después de más de dos años de desatinos con origen ideológico, durante los cuales fue desdeñada la misión tratamental y socializadora del sistema  carcelario, los resultaron fueron calamitosos.

Al otorgarse rienda suelta a la autogestión penitenciaria encargada a una cúpula gerencial que creía interpretar las ideas de un ministro filo castrense, como sin dudas lo es el actual de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, se logró, en nombre de la seguridad pero con métodos probadamente inútiles desde antaño, que los asesinatos en los penales bonaerenses se duplicaran en ese periodo y las evasiones o fugas, siempre motivo de vergüenza para el “orgullo penitenciario”, se multiplicaran al compás de una corrupción sin precedentes, sobre todo la que más influencia tiene en la cárcel, que es la relacionada directamente con los detenidos.

En el marco de la autogestión institucional para la Policía y el Servicio Penitenciario que se promueve desde el gobierno provincial, han sido inesperadas buenas noticias los cambios efectuados en los lugares de relevancia, incluidos los centros de formación para el personal, por cuanto quienes fueron puestos a cargo están más convencidos de la necesidad de una reforma del sistema que el mismo ministro o sus subsecretarios. Sin embargo, la duda está en si es posible desactivar a tiempo la bomba que ha quedado instalada.

Hablar hoy con los operadores  directos nos deja  un panorama de brazos caídos y de descreimiento en la conducción dentro de las unidades, por cuanto en el pasado reciente percibieron complicidades que debieron callar y muchos de los actores siguen siendo los mismos, sumado ello a circunstancias objetivas como son las condiciones laborales deficitarias que obligan al personal a tener actividades extras en sus horarios de descanso.

El personal de las cárceles bonaerenses está en tela de juicio y bajo sospecha con motivo de las fugas que se han reiterado en los últimos tiempos, pero poco se advierte sobre la escasez de recursos humanos que dentro de los penales es una historia vieja y que, lejos de darse una solución, desde bien arriba llegan medidas absolutamente contraproducentes, como las de comisionar gran cantidad de agentes para que paseen por las playas bonaerenses en los meses de verano asignados al Operativo Sol, con un fin exclusivamente mediático como el que, en general, tienen los actos del  ministro Casal.

Sin embargo, estos años también han devuelto al sistema su paradigma de ámbito cerrado e impenetrable, en el cual, en muchos casos, la relación con los detenidos está muy lejos del ideal pretendido por la sociedad que reclama otro tipo de convivencia entre los presos y sus custodios.

Atrás fue quedando la idea del maestro con su pupilo, a quien se le brindan las herramientas de superación que el individuo luego tomará o desechará, pero que deben ser puestas por nosotros a su alcance con verdadera convicción.

¿Como descartar de plano las denuncias de complicidad en hechos delictivos cuando intencionalmente se ha cubierto el sistema de un velo oscuro y se han impermeabilizado  sus muros?

Con el tiempo se podrá evaluar si lo que se hacía antes de estos años de Casal era la reclamada reforma carcelaria abrazada por muchos de nosotros o sólo medidas espasmódicas e individualistas sin futuro.

Parte de la responsabilidad de debelar esa incógnita está en poder de los nuevos dirigentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, volviendo a  poner  en pie a la principal institución nacional que alberga a la mitad de los presos de Argentina y es, además, una de las más grandes a nivel mundial, recreando un sistema de apego a los derechos humanos con verdadera vocación humanista.

(*) Ex director del Servicio Penitenciario Bonaerense.