La corrupción policial está a la vista de todos, conviviendo con los ciudadanos como una enfermedad crónica. Las grandes urbes son el escenario que la hace más visible. La Plata constituye uno de los ejemplos más emblemáticos en el albergue de prácticas ilícitas de la fuerza, pese a los anuncios permanentes del gobernador Daniel Scioli y el ministro Ricardo Casal.

Como ya informó NOVA, se trata de una red de corrupción extendida, que se alimenta a fuerza del dinero de las coimas a los dueños de los locales. Casi no hay excepciones. Un ejemplo: aunque la Departamental tiene prohibido cobrar en la feria de la plaza de calle 1 y 38 porque en esa zona vive el fiscal Marcelo Romero.

De acuerdo a una investigación periodística a la que tuvo acceso NOVA, los encargados de la cobranza en los distintos comercios -con excepción de los cabarets- serían los oficiales Garay y Rodas.

Los montos difieren entre la zona de la Terminal de Ómnibus y el olvidado barrio Hipódromo: mientras en la primera las coimas por venta de bebida a menores y fuera de horario serían de 300 para arriba, en el segundo no superarían los 200.

En cuanto a los cabarets, el grado de corrupción sería tal que se disputarían la protección a estos locales entre las distintas fuerzas: si la Policía Bonaerense percibe algún trabajo de inteligencia en la zona de la Federal, inmediatamente avisa a los dueños del local nocturno, y viceversa.

Fuentes periodísticas aseguran que la connivencia y la venta de protección en la zona de la Terminal permitiría que el cabaret “Cariñositas”, ubicado en calle 1 y 42, fuera allanado por la Justicia en cuatro oportunidades, con la participación incluso del juez Juan Pablo Massi y el fiscal Fernando Cartasegna, que se encargaron de ir a buscar en persona a la titular de la Comisaría de la Mujer, Lidia Boimvaiser, que se encuentra a 30 metros, para pedirle explicaciones sobre el funcionamiento de ese lugar donde se había comprobado la trata de personas.

En los pasillos de Tribunales se comenta que, por la corrupción imperante, las autoridades judiciales no utilizarían más los servicios de la Comisaría 2° ni de otras dependencias para sus allanamientos, sino de la División Trata de Personas de la Policía Bonaerense, que según los resultados a la vista, son intachables.

De acuerdo a la investigación, desde la Departamental habrían pedido coimas en más de una oportunidad alegando que el pago era para un funcionario judicial, y al otro día el local en cuestión habría sido allanado y clausurado, además de la detención de sus dueños. Las fuentes dicen que la Policía “pedía de más” por “exigencias” del jefe departamental, Jorge Silva, y utilizando el nombre de un fiscal intachable de la Justicia bonaerense. La conclusión era que el local se allanaba porque el funcionario nunca habría cobrado por protección.

En cuanto al Barrio Hipódromo, la seguridad es deficiente o casi nula. Los patrulleros son pocos, y los efectivos menos. Esto sumado a que se retiran efectivos y móviles para la custodia particular de los supermercados chinos de 117 entre 37 y 38, 3 entre 38 y 39, la farmacia de 6 y 44 y la estación de servicio de 120 y 32.

A su vez, en 120 y 32, y en un radio de 100 metros cuadrados, se encuentran apostados permanentemente tres patrulleros más la unidad móvil de la Bonaerense. Uno en la propia unidad, otro de prevención y otro que pagan al comisario de la jurisdicción desde la estación de servicio. Lo llamativo es que no habría patrulleros para recorrer la cuadricula 21 que corresponde a la zona de 118 a 122.

“Lo más sugestivo aún es que los tiroteos constantes se registran a tan sólo 300 metros de la ubicación de los vehículos, que no se desplazan ni para ver qué ocurre”, revelan. La zona solamente es recorrida por un auto de civil con un efectivo de calle.

Por su parte, los vecinos del barrio de 121 y 36 están recolectando firmas para que la Justicia libere a un peligroso delincuente condenado por asesinado y narcotráfico porque era el “único” que mantenía la seguridad en el barrio, protegiéndolos de del resto de los delincuentes. Toda una paradoja.

Los patrulleros y el personal policial están afectados pura y exclusivamente a la zona de calle 1 hacia 13. En el Hipódromo, en tanto, ocurriría lo mismo con la venta de droga.

Pero eso no sería todo en el barrio Hipódromo, donde la jueza Carmen Rosas Palacios Arias, titular del Juzgado de Transición N° 4, sería la responsable del abuso de poder que sufren los vecinos. Fuentes que conocen esas calles señalaron a NOVA que el conflicto nace porque la madre de la magistrada alberga cerca de diez perros callejeros que atacan permanentemente a los vecinos.

Según esa denuncia, cuando algún vecino eleva una queja, la magistrada -una protegida del juez de Garantías Guillermo Atencio- mandaría a la Policía a allanar su vivienda bajo acusaciones falsas como portación ilegal de armas. Todo esto se llevaría a cabo asimismo gracias a la utilización de testigos falsos.

Además, en el barrio se preguntan cómo puede haber tanta inseguridad teniendo una jueza de vecina. “La policía sólo viene rápido cuando la nombran a ella”, cuentan, al tiempo que se quejan de que haya “libertad” para hechos delictivos en los numerosos studs que hay abandonados en la zona.

Por último, este portal pudo conocer que el vocero de la Gobernación, Juan Courel, estaría al tanto de todo, puesto que los responsables de la investigación se habrían comunicado con él. Pero no hubo respuestas.

En las próximas notas se conocerá el resto de los lugares de cobro de las comisarías de La Plata.